Durante más de una década, la palabra que ordenaba nuestros debates, nuestros proyectos y nuestras aspiraciones era «sostenibilidad». Construíamos el discurso —y la realidad— sobre la premisa de que el mayor desafío era hacer nuestro mundo perdurable en términos ambientales y eficientes. Sin embargo, me temo que la realidad geopolítica de 2025 ha desplazado el centro de gravedad con una fuerza tectónica. Hoy caminamos sobre un suelo distinto, un terreno donde el mensaje político ha mutado severamente: la seguridad de las infraestructuras ha dejado de ser una cuestión técnica para convertirse en la prioridad estratégica de los Estados.
Es una sensación extraña ver cómo el énfasis se desplaza ante nuestros ojos. Pasamos de la eficiencia a la resiliencia, de entender la sostenibilidad como un fin último a ver la seguridad como una condición indispensable para que todo lo demás exista. Ya no hablamos tanto de proyectos aislados, sino de redes integradas, redundantes y gobernadas con un criterio que creíamos olvidado: la soberanía. Este cambio de paradigma no es una abstracción; ya se respira en la operación diaria y, muy pronto, redefinirá cómo diseñamos, cómo invertimos y cómo gobernamos lo que construimos.
Vivimos en un entorno de riesgo radicalmente distinto. En este tablero inestable, las infraestructuras han dejado de ser meros soportes físicos para convertirse en piezas clave de influencia internacional. Y es aquí donde surge una pregunta inquietante que nos obliga a mirar más allá de nuestras fronteras: ¿qué ocurre cuando aquello que es vital para nuestra supervivencia está fuera de nuestro alcance, en un lugar donde no tenemos autoridad ni control?
El despertar regulatorio de Europa
Europa, que siempre ha sido experta en tejer normas y estándares, ha reaccionado con celeridad ante este nuevo escenario. Hace unas semanas, Alemania dio un paso decisivo al aprobar la Ley KRITIS, una normativa blindada para proteger sus infraestructuras críticas. En el fondo, este movimiento no es aislado; es la transposición de la Directiva europea CER (Critical Entities Resilience 2022/2557), que viene a sustituir un marco que había quedado obsoleto desde 2008.
Italia ya ha hecho sus deberes y cuenta con su propio marco, mientras que Francia y España avanzan aún en la fase de anteproyecto. Lo relevante de la Directiva CER no es solo su existencia, sino su ambición: amplía de forma decisiva qué entendemos por infraestructura crítica, qué tipo de riesgos debemos considerar y cuáles son las obligaciones de resiliencia, imponiendo evaluaciones sistemáticas y estrategias nacionales.
A este esfuerzo legislativo se sumó en 2024 el Blueprint for protecting EU citizens and the internal market, una recomendación de la UE que busca reforzar la coordinación ante incidentes que no respetan fronteras. Porque, si algo nos ha enseñado la historia reciente, es que el riesgo es fluido y transfronterizo. El gran desafío para Europa ahora no es redactar la norma, sino aplicarla con rapidez y coherencia. Si lo conseguimos, podríamos convertir nuestra diplomacia de infraestructuras en una ventaja competitiva, exportando al mundo un modelo de resiliencia y tecnología de protección.
Lo que es crítico para el mundo, no solo para la nación
Recientemente, en un episodio de Café entre Caminos, tuvimos la oportunidad de conversar con el Director del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC). Fue una charla reveladora para comprender cómo enfrentamos este concepto a nivel nacional, cómo protegemos lo que está bajo nuestros pies y bajo nuestra jurisdicción. Sin embargo, esa conversación nos dejó pensando en el reverso de la moneda.
¿Qué hacemos cuando las infraestructuras que son esenciales para nosotros están a miles de kilómetros? El mundo se ha vuelto tan interdependiente que un incidente en un solo punto del planeta —un barco atascado, un cable cortado, una fábrica detenida— puede generar efectos dominó devastadores en decenas de Estados. Pensemos en el bloqueo del Canal de Suez, en la fragilidad de los cables submarinos de datos, en nuestra dependencia casi absoluta de los semiconductores taiwaneses o en la concentración de la producción de vacunas en apenas dos fábricas durante la pandemia.
Estas realidades señalan un fenómeno que un reciente artículo en la revista científica Risk Analysis denomina «infraestructuras críticas globales». Son sistemas físicos o virtuales cuya interrupción no solo afecta a un país, sino que tiene efectos severos para múltiples regiones del mundo. Y aquí es donde la ingeniería se topa con un muro político: los Estados dependientes de estas infraestructuras no tienen autoridad sobre ellas. No podemos regular, no podemos inspeccionar y no podemos exigir mejoras en activos que están fuera de nuestra soberanía.
La geografía de la vulnerabilidad
El análisis del riesgo para este tipo de instalaciones cambia las reglas del juego por completo. Las amenazas dejan de ser estrictamente nacionales. Muchas de estas infraestructuras globales se encuentran en países con tensiones políticas, conflictos latentes o marcos regulatorios frágiles.
Una disrupción local en el Mar Rojo, en el Estrecho de Taiwán o en un punto de conexión de fibra óptica en el Atlántico puede desencadenar fallos sistémicos en la energía, la logística o las finanzas globales. Proteger estas instalaciones es una tarea de una complejidad extraordinaria. Requiere coordinar actores que a menudo tienen intereses contrapuestos: Estados anfitriones, Estados dependientes, empresas multinacionales, bancos de desarrollo y operadores privados.
Es un ejercicio de malabarismo donde se mezclan la diplomacia, la seguridad, el comercio y la inteligencia compartida. En un tiempo donde las disrupciones son cada vez más frecuentes e intensas —desde ciberataques hasta eventos climáticos extremos—, nos encontramos con la paradoja de que el mundo depende cada vez más de sistemas que nadie controla realmente. No existen tratados robustos, ni foros dedicados, ni metodologías formales para gestionar estos riesgos compartidos.
Hacia una nueva diplomacia de la ingeniería
Las próximas crisis no se librarán necesariamente en campos de batalla tradicionales, sino en puertos, centros de datos, constelaciones de satélites, fábricas de chips y corredores logísticos. Esa es la nueva frontera donde se está fundiendo la ingeniería civil con la alta diplomacia. Hoy diseñamos nodos donde la soberanía, la economía y la seguridad se entrecruzan de formas que no habíamos previsto.
La conclusión a la que llegan los expertos, y que resuena con fuerza en nuestra propia reflexión académica, es inequívoca y urgente: necesitamos construir una gobernanza global para este tipo de instalaciones. Esto significa inventar algo que aún no existe. Necesitamos un catálogo de infraestructuras críticas globales consensuado, instituciones multilaterales capaces de coordinar riesgos y mecanismos de cooperación público-privada que trasciendan las banderas.
Debemos aspirar a una integración real entre seguridad, diplomacia y tecnología. Tal vez sea el momento de reivindicar con orgullo una profesión que debe mirar más allá del hormigón y el acero. Los ingenieros e ingenieras tenemos la misión de proyectar y construir no solo estructuras físicas, sino también los marcos de resiliencia que protegen la vida de las personas en un mundo incierto. Porque al final, cuidar de estas infraestructuras lejanas es, en realidad, otra forma de cuidar de nuestro propio hogar.
Profundiza en el debate
Si te interesa entender cómo se aborda la protección de estas infraestructuras desde la perspectiva nacional y los retos que enfrentamos en España, te invito a escuchar nuestra conversación con José Luis Pérez Pajuelo en el podcast de la Escuela.