Cada crisis tiene su propio plan de estudios
Desde la academia solemos hablar sobre la transformación de la educación superior como si fuera el resultado de un proceso estratégico cuidadosamente planeado, debatido en sosegados claustros y diseñado en planes decenales. Nos gusta pensar que guiamos el timón con firmeza hacia el futuro. Sin embargo, mi experiencia es otra, mucho menos romántica y bastante más áspera: los verdaderos cambios de la universidad suelen ser profundamente reactivos.
Surgen casi siempre como respuestas inmediatas a crisis imprevistas, ya sea por una repentina escasez de recursos, alteraciones normativas impuestas desde fuera o la irrupción incontrolable de nuevas tecnologías. Nacen del shock y de la urgencia de la supervivencia, mucho más que del diseño institucional. Llegan, además, envueltos en la promesa tranquilizadora de ser medidas temporales, pero terminan dejando huellas duraderas que alteran nuestro ADN para siempre.
Las cicatrices que nos dejan las emergencias
La crisis financiera del año 2010 es un ejemplo dolorosamente cercano para muchos de nosotros en el sistema universitario español. En aquel momento, numerosas universidades públicas adoptaron medidas que se etiquetaron como «provisionales» con el único fin de cuadrar las cuentas y sobrevivir al temporal. Vimos recortes drásticos en la financiación basal, una subida abrupta de las tasas académicas, una búsqueda desesperada y dependencia del alumnado internacional para cuadrar presupuestos, y el inicio de una precarización laboral que todavía hoy ahoga a nuestros jóvenes investigadores. Junto a ello, nació una creciente y casi enfermiza obsesión por los indicadores de productividad y los rankings globales, métricas que a menudo desdibujan nuestra verdadera misión territorial.
Más de una década después, esas decisiones tomadas en medio del pánico financiero se han consolidado hasta volverse estructurales. Ya ni nos acordamos de cómo éramos antes de 2010, ni de cómo respiraba una universidad no asfixiada por la inmediatez de la métrica.
Algo notablemente similar pasó con la pandemia de la COVID-19. La urgencia nos empujó a la virtualización forzosa, una proeza técnica de la que podemos estar orgullosos, pero que también ha dejado inercias metodológicas y brechas de desconexión que aún estamos intentando comprender y sanar en nuestras aulas.
Superar la inercia: el diseño de una universidad anticipatoria
Cuando las instituciones solo reaccionan a los embates del entorno, pierden irremediablemente su profundidad. Una universidad que se limita a ser reactiva no se transforma, simplemente se adapta al molde que la crisis le impone. Sabemos que la velocidad de los cambios y la concatenación de crisis no las podemos evitar; son, de hecho, el rasgo definitorio de nuestro tiempo. Por eso, a una gran universidad pública hoy le pediría estructuras y mecanismos de gobernanza que le permitan pensar rápido, anticiparse y, sobre todo, tomar la iniciativa.
Necesitamos abandonar la lentitud burocrática cuando el contexto exige agilidad, sin perder por ello el rigor académico. Me imagino la creación de un gabinete de crisis permanente, un órgano capaz de aunar la memoria institucional, el propósito fundacional y el criterio científico. Requerimos espacios seguros, verdaderos «sandboxes» institucionales, que nos permitan probar soluciones estructurales audaces sin el miedo paralizante al fracaso administrativo. Solo a través de formas rápidas de activar nuestra enorme inteligencia colectiva podremos dejar de ser víctimas de las circunstancias para volver a ser arquitectos de nuestro propio futuro.
El plan de estudios de la próxima crisis
Permitidme compartir un comentario sobre la naturaleza de las emergencias, algo que se me quedó grabado hace tiempo y que da sentido a esta reflexión. Cada crisis tiene su propio plan de estudios; nunca es solo una emergencia que hay que gestionar, sino que contiene lecciones vitales que debemos aprender.
Las pandemias nos enseñan nuestra profunda fragilidad biológica y social; las guerras nos muestran el horror y la sinrazón; los colapsos financieros nos imponen dolorosas lecciones sobre la austeridad y la desigualdad; el colapso climático nos grita los límites insoslayables del crecimiento material. Teniendo esto en cuenta, sospecho profundamente que la próxima gran crisis nos hablará de soberanía. Nos enseñará, por las malas, la necesidad perentoria de proteger aquello que realmente importa para que una sociedad no colapse.
Y al pensar en ello, me pregunto con genuina preocupación si nuestro sistema universitario público está siendo protegido con el mismo celo que aplicamos a la red eléctrica, el suministro de agua o las infraestructuras de transporte.
Lecciones desde África: la independencia técnica e intelectual
Esta misma semana, conversando con varios socios africanos para preparar un ambicioso proyecto de «capacity building» internacional, me recordaron algo que en los países europeos tendemos a olvidar con alarmante facilidad. Para ellos, las universidades públicas son, de manera indiscutible, infraestructuras críticas para el desarrollo nacional. Son piezas maestras y esenciales de la soberanía de una sociedad.
Al estar íntimamente vinculadas al territorio, a sus problemas y a su gente, estas instituciones garantizan la independencia intelectual, científica y técnica que hace posible cualquier atisbo de soberanía real. Sin investigadores propios, sin ingenieros formados en el contexto local, sin pensadores que analicen la realidad desde sus propias coordenadas, un país es simplemente un cliente perpetuo de potencias extranjeras. La cooperación internacional actúa aquí como un espejo nítido que nos saca de nuestra particular miopía competitiva y nos devuelve el sentido profundo de lo que hacemos.
El peligro de ser tratados como un simple proveedor de servicios
A menudo, tanto desde la política como desde algunos sectores de la propia academia, contemplamos a la universidad pública a través del reduccionista prisma del sector servicios. Nos vemos, y nos ven, como un mero proveedor de formación que compite por cuota de mercado en un escenario abierto con otros actores públicos y privados.
Si aceptamos este marco mental y olvidamos nuestro papel estructural, corremos el inmenso riesgo de dejar a la universidad pública sin los mecanismos de resiliencia, la financiación basal suficiente y la gobernanza que necesita imperiosamente para sostener su misión en tiempos de crisis. Una infraestructura crítica no se financia únicamente por el número de usuarios inmediatos que tiene en un año concreto, se financia porque su colapso supondría la paralización del progreso social y económico del país.
¿Reconocemos verdaderamente en la educación superior española una infraestructura crítica de nuestra sociedad? Y si es así, ¿de verdad alguien cree que aquí, en nuestro país, ese papel vital, garante de equidad y de progreso independiente, puede cumplirlo otro actor del sistema que no sean las universidades públicas?
Proteger y defender lo que verdaderamente importa
Nuestra misión como profesores e investigadores va mucho más allá de impartir docencia y publicar artículos. Tenemos la responsabilidad cívica y profesional de elevar el nivel de este debate. Debemos exigir a los poderes públicos una política universitaria realista, que dote a nuestras instituciones de la certidumbre financiera necesaria para planificar a largo plazo, lejos del ruido y la precariedad constante.
La defensa de la universidad pública no puede basarse únicamente en la nostalgia o en el idealismo abstracto; debe fundamentarse en la cruda realidad de que, sin instituciones de educación superior robustas, autónomas y bien financiadas, hipotecamos nuestra capacidad de respuesta ante las crisis que inevitablemente vendrán.